ABSTRACT

Las reivindicaciones de reconocimiento jurídico de identidades sexogenéricas no normativas están poniendo en jaque a los movimientos feministas y al derecho. Los primeros se están viendo obligados a replantearse, no ya sus estrategias, sino sus objetivos, su relación con los parámetros de convivencia asumidos como normativos con la modernidad. El segundo se está viendo cuestionado en sus premisas fundacionales, las que informan el pacto social-sexual moderno, mediante la afirmación de la autonomía como parámetro axiológico eminentemente democrático. Lo interesante es que el principio de autonomía sexogenérica se está abriendo camino en nuestro marco jurídico, también a nivel constitucional y de derecho de la Unión Europea, visibilizando al hacerlo relaciones de poder fundacionales y por ende naturalizadas, y conminando a su erradicación. Se avanza así en la mutación hacia un marco constitucional coherente con el principio democrático.

LA PONENTE

Blanca Rodríguez Ruiz es Profesora Titular en el Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla. Doctora en Derecho por el Instituto Universitario Europeo (Florencia), ha sido investigadora post-doctoral von Humboldt en la J.W.G. Universität Frankfurt am Main y ha realizado estancias de investigación, entre otros centros, en la Yale Law School, the London School of Economics o el Instituto Max Planck de Derecho Público, Internacional y Comparado (Heidelberg). Es autora de numerosas publicaciones, que se centran principalmente en tres temáticas: los derechos fundamentales, la ciudadanía democrática y la construcción teórica del Estado, todo ello principalmente desde una perspectiva de género. Ha participado en numerosos proyectos de investigación y ha sido Investigadora Principal de tres, dos de ellos (uno estatal y otro autonómico), sobre participación política. Actualmente es Investigadora Principal del Proyecto de Investigación I+D (PID2019-107025RB-I00) Ciudadania sexuada e identidades no binarias: de la no discriminacion a la integracion ciudadana (Binasex), financiado por la Agencia Estatal de Investigación (AEI), así como responsable del Grupo de Investigación (SEJ-336) Derechos fundamentales y colectivos postergados, del Plan Andaluz de Investigación. Es responsable de la Clínica Legal en Derechos Fundamentales de la Universidad de Sevilla y, desde el curso 2021-2022, Coordinadora del Master en Estudios de Género y Desarrollo Profesional de esta Universidad. En 2018 recibió el premio Meridiana de investigación, otorgado por el Instituto Andaluz de la Mujer, a la mejor iniciativa de investigación en materia de género. En 2023 recibió el Reconocimiento a las Buenas Prácticas en Igualdad de Género, modalidad de Investigación, otorgado por la Universidad de Sevilla.